La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió invalidar el informe emitido por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero que señalaba a Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, por un probable daño al erario público debido a la falta de comprobación del destino de 898 millones de pesos provenientes de aportaciones federales.
El fallo, aprobado por unanimidad este martes 7 de julio de 2026, se basó en el proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, quien argumentó que la revisión de recursos federales corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). De esta manera, la SCJN determinó que la auditoría local carece de competencia para fiscalizar dichos fondos.
Cabe recordar que en mayo de 2025, el ayuntamiento de Acapulco interpuso una controversia constitucional contra la Auditoría Superior de Guerrero, luego de que esta emitiera un informe con diez promociones de responsabilidad administrativa y un pliego de observaciones en contra de López Rodríguez por presunta opacidad en el manejo de recursos entregados en 2023.
En su demanda, la morenista sostuvo que la solicitud de información sobre el destino de los 898 millones de pesos representaba un acto de molestia que vulneraba la autonomía hacendaria y la libre administración de recursos del municipio, pues los fondos federales sólo pueden ser auditados por la ASF.
Por su parte, la Auditoría Superior de Guerrero defendió su facultad para revisar la hacienda pública municipal y el manejo de los recursos. Sin embargo, el ministro ponente enfatizó que las aportaciones federales “no pierden su naturaleza de recursos federales”, por lo que la fiscalización local no es procedente.
Con esta resolución, la SCJN dejó sin efectos los informes de la auditoría estatal sobre el gobierno de Abelina López, quien actualmente se encuentra en licencia para buscar la candidatura a gobernadora de Guerrero.
Este caso subraya la importancia de respetar los marcos legales en la fiscalización de recursos públicos, garantizando que la supervisión de fondos federales se realice conforme a la competencia establecida, lo que contribuye a la transparencia y al correcto uso de los recursos destinados a los municipios.