Este jueves, el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal del estado para sancionar con hasta 22 años y medio de prisión la cohabitación forzada, especialmente cuando las víctimas pertenecen a grupos vulnerables. Con esta decisión, Puebla se convierte en la decimotercera entidad del país en legislar sobre este tema.
La reforma al artículo 224 del Código Penal establece penas de 8 a 15 años de cárcel para quienes obliguen a menores de 18 años o personas vulnerables a unirse informalmente con otra persona en condiciones similares al matrimonio. La sanción puede aumentar hasta 22 años y medio si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana, o si el agresor tiene una relación de parentesco, tutela, autoridad o dependencia con la víctima.
El dictamen fue impulsado por legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Durante la discusión, se destacó que una de cada cinco mujeres en México se une en pareja antes de cumplir los 18 años. Además, en 2022 se registraron más de 9 mil nacimientos de madres menores de 15 años en el país, lo que evidencia la urgencia de atender esta problemática.
La iniciativa busca no solo castigar la cohabitación forzada, sino también reducir los índices de deserción escolar y embarazo adolescente, fenómenos asociados a estas uniones. En palabras de los legisladores, la propuesta pretende “evidenciar la necesidad de evitar los matrimonios forzados de niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tengan la capacidad para resistirlo. Con la finalidad de atender las situaciones de violencia en contra de ellas, incidiendo en la reducción de los índices de deserción escolar y el embarazo adolescente”.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2025 Puebla registró una tasa de fecundidad forzada en niñas de 12 a 14 años de 2.95 nacimientos por cada mil menores, cifra superior al promedio nacional de 2.39. Esto mantiene al estado entre los diez con mayor incidencia en el país. Aunque la proporción estatal es menor a la registrada en 2018, cuando fue de 3.68 nacimientos por cada mil niñas de 12 a 14 años, la reducción no ha sido suficiente para sacar a Puebla del grupo de entidades con más casos.
El estudio “Características sociodemográficas de las niñas madres y de los progenitores de las(os) hijas(os) de niñas de 10 a 14 años”, elaborado por Conapo, ubicó el año pasado a Puebla en el octavo lugar nacional en fecundidad forzada en niñas, solo por detrás de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Campeche, Michoacán y Veracruz.
La aprobación de esta reforma representa un paso importante en la protección de los derechos de niñas, adolescentes y personas vulnerables en Puebla, y responde a la necesidad de combatir prácticas discriminatorias y arraigadas que perpetúan la desigualdad y la violencia estructural.