El gobierno mexicano anunció una prórroga de 184 días naturales para que los usuarios de telefonía móvil completen el trámite de vinculación de sus líneas celulares con la Clave Única de Registro de Población (CURP) en el nuevo registro telefónico nacional. Con esta extensión, el plazo se amplía del martes 30 de junio hasta la semana del jueves 31 de diciembre de 2026, fecha que coincide con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
Esta medida busca facilitar que los cerca de 82 millones de usuarios que aún no han realizado esta vinculación puedan cumplir con el requisito, que tiene como objetivo fortalecer la prevención y la investigación de delitos al asociar cada línea telefónica con la identidad de su titular. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó esta mañana, jueves 25 de junio, que el registro ya abarca el 43.57% del mercado móvil, equivalente a 63 millones de líneas vinculadas, de las cuales 40.2 millones corresponden a usuarios de prepago y 22.8 millones a pospago.
El calendario para que los usuarios de prepago completen la vinculación está definido según el último dígito de su número celular, con fechas límite escalonadas desde el 5 de agosto para números terminados en cero, hasta el 31 de diciembre para aquellos que finalizan en nueve. Los usuarios con planes pospago están vinculados automáticamente. La CRT advirtió que, una vez vencido el plazo asignado a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de las líneas no vinculadas en un plazo de 72 horas, permitiendo únicamente llamadas a números de emergencia, atención ciudadana y a la propia compañía, así como la recepción de alertas sísmicas.
Esta ampliación representa un cambio significativo en la política regulatoria de la CRT, que inicialmente había fijado el 30 de junio como fecha límite, a pesar de las solicitudes del sector para extender el plazo. Aunque la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión permite un periodo adicional de hasta 120 días hábiles, la prórroga de 184 días naturales supera este margen, lo que genera interrogantes sobre los argumentos y el proceso de aprobación de esta decisión.
El registro telefónico ha enfrentado diversos retos desde su implementación, incluyendo dificultades técnicas que afectaron a operadores móviles virtuales y de red, quienes reportaron pérdidas de usuarios debido a la complejidad del proceso. El gobierno informó que la infraestructura necesaria para este registro tiene un costo estimado en más de 4 mil millones de pesos, que inicialmente será absorbido por las empresas de telecomunicaciones y posteriormente trasladado a los consumidores.
Este registro, concebido para apoyar la seguridad pública, refleja la importancia de contar con sistemas de transporte y comunicación modernos y confiables, en línea con otras iniciativas de infraestructura pública que buscan mejorar la calidad de vida y la inclusión social en México.

