Cuatro usuarios presentaron una demanda colectiva contra Sony Interactive Entertainment en San Francisco, acusando a la empresa de incumplir la ley de transparencia en bienes digitales de California (AB 2426), vigente desde principios de 2025. La legislación prohíbe el uso de términos como «comprar» o «propiedad» sin aclarar expresamente que los juegos digitales se venden bajo licencias revocables, no como propiedad definitiva.
La demanda señala que, aunque la PlayStation Store incluye advertencias legales en su proceso de compra, estas son poco visibles y pueden inducir a error a los consumidores, quienes creen adquirir un producto permanente, similar a un disco físico. Este reclamo surge en un contexto de creciente descontento tras varios cierres de servidores que han dejado inaccesibles juegos por los que se pagó el precio completo.
Un caso emblemático es el de Destruction AllStars, un videojuego exclusivo para PS5 lanzado en 2021 y retirado en mayo de 2026. Tras el cierre de sus servidores, solo queda disponible un modo para un jugador que desaparecerá definitivamente el 25 de noviembre de este año, dejando el título inutilizable para quienes lo compraron.
Este fenómeno comenzó en 2023 con el cierre de servidores de The Crew, un juego de Ubisoft, lo que motivó la creación de la ley AB 2426 por la asambleísta Jacqui Irwin. Además, ha impulsado el movimiento internacional Stop Killing Games, que busca que las editoras permitan a las comunidades mantener servidores privados o jugar sin conexión tras el abandono comercial.
Sony enfrenta en 2026 múltiples litigios en Estados Unidos. Entre ellos, un acuerdo preliminar aprobado por un tribunal federal por 7.85 millones de dólares en un caso antimonopolio (Caccuri v. Sony), que acusa a la empresa de restringir la venta de códigos digitales a través de minoristas entre 2019 y 2023, inflando precios. La audiencia final está programada para el 15 de octubre de 2026.
Asimismo, en mayo de 2026 se presentó otra demanda colectiva que acusa a Sony de sobreprecios en la consola PS5 durante la crisis de aranceles, al no trasladar a los consumidores las devoluciones millonarias de impuestos aduaneros que recibió.
Mientras los tribunales evalúan si Sony debe modificar la terminología en su tienda digital para reflejar claramente la naturaleza de licencia de sus productos, este caso podría sentar un precedente importante para la transparencia en la compra de contenidos digitales, un aspecto clave para proteger los derechos de los consumidores en la era digital.