Este miércoles 24 de junio de 2026, jueces y magistrados en retiro realizaron una manifestación frente a las instalaciones del Tribunal de Disciplina Judicial, ubicadas en avenida Insurgentes Sur, colonia San Ángel, cerca de la estación del Metrobús Doctor Gálvez, para exigir el pago de indemnizaciones pendientes tras haber sido retirados de sus cargos debido a la reciente reforma judicial.
Entre los participantes destacó el magistrado Reynaldo Reyes Rosas, quien ha expresado su rechazo al nuevo sistema judicial impulsado por el gobierno federal y ha decidido no formar parte de él por “congruencia y dignidad”. Reyes Rosas, con más de 37 años de servicio en la impartición de justicia federal, criticó abiertamente los nuevos métodos de selección, como el uso de la tómbola, calificándolos como “novísimos, pero corruptos procedimientos”.
La protesta de este miércoles se suma a la realizada el pasado 25 de mayo, cuando alrededor de cien jueces y magistrados en retiro bloquearon los accesos del Órgano de Administración Judicial (OAJ) para demandar el pago a 86 de ellos, así como las pensiones complementarias a 120 exjuzgadores. En aquella ocasión, el bloqueo impidió el ingreso de trabajadores al OAJ, quienes permanecieron afuera esperando instrucciones.
El magistrado en retiro y exconsejero de la Judicatura Federal, Juan Carlos Cruz Razo, también se sumó a la protesta y lamentó la falta de pago de su indemnización, señalando que esta situación afecta el programa de vida de los juzgadores cesados. Cruz Razo criticó que los afectados deban justificar ante el OAJ su derecho a recibir estas indemnizaciones, cuando dicho derecho está claramente establecido en la reforma judicial plasmada en la Constitución.
Los manifestantes hicieron un llamado a defender la independencia judicial, el Estado de derecho y la justicia en México, en un contexto donde la transición hacia el nuevo sistema judicial ha generado incertidumbre y descontento entre quienes han dedicado décadas a la impartición de justicia.
Este conflicto pone en evidencia la necesidad de garantizar condiciones dignas para los servidores públicos del Poder Judicial, así como la importancia de respetar los derechos adquiridos en procesos de reforma que buscan modernizar y fortalecer el sistema judicial mexicano.