El miércoles 3 de junio de 2026, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo en Los Ángeles, California, a Enrique Martínez Chávez, un militar vinculado a la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en 2014. La información fue confirmada este jueves 4 de junio de 2026 mediante un comunicado difundido en redes sociales por la misma dependencia estadounidense.
Martínez Chávez, de 32 años, está acusado en México por el presunto delito de desaparición forzada de personas y se encontraba prófugo de la justicia desde hace varios años. El ICE informó que el detenido permanecerá bajo su custodia hasta que pueda ser deportado a México para enfrentar los cargos correspondientes.
El exmilitar formaba parte del 27 Batallón de Infantería y aún pertenecía a las fuerzas armadas la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, un hecho que generó un profundo descontento social en todo el país. El caso, conocido como Ayotzinapa, sigue siendo objeto de investigación y está rodeado de múltiples teorías, entre ellas la implicación del grupo delictivo Guerreros Unidos, vinculado al narcotráfico, que habría atacado y desaparecido a los jóvenes.
En agosto de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 83 órdenes de detención contra personas relacionadas con el caso, entre ellas militares. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, la FGR canceló al menos 21 de estas órdenes, incluyendo la de Enrique Martínez Chávez. Documentos obtenidos por EL PAÍS revelaron que la solicitud de cancelación no fue respaldada por la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), filial de la Fiscalía encargada del seguimiento del expediente.
Entre los militares señalados también se encontraba Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería con sede en Iguala durante el ataque, acusado de delincuencia organizada pero no de desaparición forzada, a diferencia de los demás implicados.
Doce años después de los hechos, el caso Ayotzinapa continúa siendo un tema sensible y sin resolverse plenamente. Hace tres meses, un juez ordenó a la Secretaría de Defensa entregar toda la información recabada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) relacionada con el caso, tras una demanda presentada en 2023 por familiares de los estudiantes desaparecidos. Esta acción respondió a la negativa inicial de las autoridades militares a proporcionar la documentación completa, reflejando el lento avance en la investigación.
Este nuevo desarrollo en la detención de uno de los militares vinculados al caso representa un paso importante para la justicia y la búsqueda de verdad en un asunto que ha marcado profundamente la historia reciente de México.