El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva titulada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, que introduce nuevas obligaciones de vigilancia para bancos y entidades financieras. Esta medida podría afectar directamente el flujo de remesas enviadas desde Estados Unidos hacia México, un tema de gran relevancia para millones de familias mexicanas.
La orden, fechada el 19 de mayo de 2026, instruye al Departamento del Tesoro a emitir en un plazo de 60 días un aviso formal a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados con las transferencias transfronterizas de bajo monto. Según el texto oficial, estas transferencias han sido identificadas como posibles vehículos para el financiamiento de actividades ilícitas. Además, se menciona el uso de plataformas de pago entre particulares y procesadores de pagos de terceros como áreas que requieren mayor escrutinio, especialmente cuando se detectan patrones de retiros o depósitos repetitivos en cantidades pequeñas, conocidos en el sector bancario como “estructuración”.
Un punto relevante de la orden ejecutiva es el mandato de reforzar los programas de identificación de clientes. Esto incluye la posibilidad de que los bancos soliciten información adicional, como el estatus migratorio de los cuentahabientes, si existen indicios de riesgo. Cabe señalar que, aunque el documento no menciona de forma explícita las remesas, sus disposiciones afectan directamente al dinero que millones de migrantes mexicanos envían a sus familias cada mes.
La medida tiene implicaciones significativas para México, que en 2025 fue el tercer mayor receptor de remesas a nivel mundial, recibiendo más de 64 mil millones de dólares, la mayor parte desde Estados Unidos, según cifras del Banco de México. Si bien la orden no prohíbe el envío de remesas, sí establece condiciones que podrían llevar a los bancos a incrementar la vigilancia, exigir más documentación o incluso rechazar transacciones de migrantes en situación migratoria irregular. Este grupo representa una proporción importante de quienes envían dinero regularmente a México.
La orden ejecutiva destaca el uso del ITIN (Número de Identificación Fiscal Individual), un documento utilizado ampliamente por migrantes indocumentados para abrir cuentas bancarias y realizar transferencias internacionales. El texto señala que el uso del ITIN puede considerarse un factor de riesgo que requiere una diligencia debida reforzada. En la práctica, esto podría traducirse en obstáculos adicionales para quienes dependen de este número para enviar recursos a sus familias.
Por último, la orden instruye a los reguladores financieros federales, incluyendo la Reserva Federal y la FDIC, a emitir en los próximos dos meses directrices específicas para la gestión de riesgos crediticios asociados a la población migrante sin autorización de trabajo. Esto podría dificultar aún más el acceso a créditos hipotecarios y préstamos para migrantes mexicanos en Estados Unidos.
La decisión del gobierno estadounidense ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y expertos en políticas públicas, quienes advierten sobre el impacto social y económico que esta medida podría tener tanto en Estados Unidos como en México. El flujo de remesas es uno de los principales apoyos económicos para millones de familias mexicanas y representa, además, una vía fundamental para la inclusión financiera y la reducción de la pobreza en comunidades vulnerables.