Este lunes 6 de julio de 2026, un tribunal de la provincia de Jiangsu, en el este de China, dictó pena de muerte contra Yang Youlin, ex alto cargo del comité gestor de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Nanjing. La sentencia se basa en la aceptación de sobornos por un monto superior a 2 mil 214 millones de yuanes, equivalentes a 308.7 millones de dólares, además de otros delitos económicos.
El Tribunal Popular Intermedio de Changzhou declaró a Yang culpable de múltiples cargos, entre ellos soborno, malversación, pago de sobornos, apropiación indebida de fondos públicos, abuso de poder y blanqueo de capitales, según informó la corte a través del diario Legal Daily. La condena incluye la privación de derechos políticos de por vida y la confiscación total de sus bienes personales.
Asimismo, la corte ordenó que los bienes ilícitos recuperados y sus rendimientos sean entregados al Tesoro estatal, y que las cantidades pendientes continúen siendo reclamadas.
De acuerdo con el fallo, entre 1993 y 2023, Yang utilizó los cargos que ocupó en organismos relacionados con el desarrollo económico, urbanismo, construcción y turismo en Nanjing, capital de Jiangsu, para favorecer a empresas y particulares en adjudicaciones de obras, operaciones empresariales, cesión de terrenos y manejo de fondos. A cambio, recibió bienes por un valor total que supera los 2 mil 214 millones de yuanes.
El tribunal calificó la cuantía de los sobornos como “especialmente enorme” y destacó el “impacto social especialmente negativo” del caso, señalando que los delitos causaron pérdidas graves a los intereses del Estado y de la ciudadanía.
Aunque Yang colaboró aportando información sobre delitos cometidos por otras personas, la corte consideró que esa cooperación no era suficiente para reducir la pena.
En China, las condenas a muerte suelen ser suspendidas durante dos años, con posibilidad de conmutación a cadena perpetua si el condenado no comete nuevos delitos en ese periodo. Sin embargo, las penas de muerte sin suspensión, como en este caso, se reservan para situaciones de extrema gravedad.
Desde 2012, bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, China ha impulsado una campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles y responsables de empresas estatales, buscando fortalecer la integridad en la administración pública.