La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que enviará una propuesta formal de reforma electoral al Congreso de la Unión. El objetivo de esta iniciativa es impedir que candidatos y candidatas con “riesgo” de vínculo con la delincuencia organizada puedan postularse a cargos de elección popular.
De acuerdo con la mandataria, esta propuesta formaba parte del llamado Plan A, la primera iniciativa de reforma electoral de su administración, y busca ser discutida y, en su caso, aprobada en un periodo extraordinario de sesiones por las cámaras de Diputados y Senadores. De concretarse, la nueva regulación sería aplicable a partir del proceso electoral de 2027.
La presidenta Sheinbaum indicó que esta propuesta llegará al Poder Legislativo junto con otra iniciativa anunciada el lunes pasado, enfocada en el poder judicial.
Por su parte, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, detalló que el gobierno federal enviará una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Esta comisión tendrá la responsabilidad de escrutar los perfiles de quienes busquen una candidatura, con el fin de prevenir la llegada a las boletas electorales de personas ligadas a actividades ilícitas.
Alcalde explicó que el procedimiento sería voluntario: los aspirantes a cargos de elección popular y los partidos políticos entregarían una lista de candidatos a la nueva Comisión. Esta instancia consultaría los perfiles con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), para determinar si existe algún señalamiento, delito o movimiento bancario irregular relacionado con los candidatos.
Tras este proceso, las autoridades entregarían un análisis de riesgos a los partidos políticos, quienes decidirán si mantienen o retiran a los aspirantes, incluso en los casos donde se detecten irregularidades. Según la consejera jurídica, este procedimiento será confidencial entre las partes involucradas. Sólo si se encuentra alguna posible actividad delictiva en los perfiles de los aspirantes, se abriría una investigación formal.
La presidenta Sheinbaum subrayó que el escrutinio de las candidaturas es necesario y que la Comisión propuesta podría trabajar desde las elecciones del próximo año, lo que requerirá que el Congreso de la Unión prolongue la discusión y posible aprobación de la reforma en un periodo extraordinario. Asimismo, señaló que esta iniciativa responde a los recientes hallazgos de la Operación Enjambre, la cual ha llevado a la detención de decenas de funcionarios públicos relacionados con actividades criminales. Sheinbaum destacó que esta medida también da respuesta a una de las deudas pendientes del ‘Plan A’ en materia de reforma electoral, que proponía un mayor control sobre las postulaciones a cargos públicos.