El ex regidor de Morena y ex asesor legislativo, Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, fue detenido por agredir físicamente a su esposa, Celia Carolina Valadez Beltrán, quien actualmente se desempeña como regidora morenista en el ayuntamiento de Guanajuato.
La Secretaría de Seguridad del municipio informó que el arresto ocurrió tras recibir un reporte sobre una agresión en la colonia La Venada, específicamente en la placita, donde un hombre estaba golpeando a su esposa dentro de un vehículo. Al llegar al lugar, los oficiales escucharon a un menor de edad gritar que su padre estaba golpeando a su madre. Además, alrededor de diez personas se congregaron y acusaron a Aguayo Arredondo de agredir a la mujer frente al niño.
Los policías solicitaron a la pareja que descendiera del automóvil. La regidora manifestó que no requería atención médica, mientras que el ex regidor se mostró agresivo e intentó agredir a los oficiales, por lo que fue asegurado. Posteriormente, Celia Carolina y el menor fueron trasladados al área de trabajo social para ser canalizados ante el Ministerio Público.
Este incidente se suma a antecedentes legales de Óscar Aguayo Arredondo. El 27 de marzo de 2025, el Congreso de Guanajuato emitió un exhorto al Instituto Nacional Electoral para que revisara su candidatura a magistrado por el Décimo Sexto Circuito, debido a que fue juzgado por un fraude de 237 mil pesos en agravio del Poder Legislativo.
Durante la legislatura 2015-2018, Aguayo fungió como asesor del primer diputado de Morena en Guanajuato, Alejandro Landeros. En ese periodo, aprovechó su cargo para obtener recursos públicos mediante facturas y firmas falsas, creando empresas fantasma con la complicidad de ex compañeros universitarios, según denunciaron diputados del PAN.
Además, se reveló que intentó sobornar al Congreso local con 50 mil pesos para evitar consecuencias legales, oferta que fue rechazada. El juicio concluyó el 16 de marzo de 2022, cuando firmó un acuerdo reparatorio para devolver 273 mil pesos al Congreso mediante cuatro pagos escalonados.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer mecanismos de protección a las mujeres y menores, así como la importancia de la responsabilidad pública y ética en quienes ocupan cargos de representación y asesoría política.