La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) clasificó como reservada durante cinco años la información vinculada a las comunicaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez. Ambos políticos están mencionados en investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses.
Esta reserva también abarca las gestiones diplomáticas, intercambios institucionales y mecanismos de cooperación relacionados con ambos funcionarios, según una solicitud de transparencia presentada por El Sol de México.
La Cancillería justificó esta decisión argumentando que la divulgación de dicha información “podría menoscabar” los entendimientos entre ambos gobiernos. En su resolución, la SRE señaló que revelar estos documentos violaría la expectativa de confidencialidad que mantienen los funcionarios estadounidenses hacia México, lo que podría afectar la confianza necesaria para la labor diaria de las representaciones diplomáticas.
Además, el Gobierno Federal determinó clasificar por un periodo de tres años las minutas de la reunión celebrada el pasado 21 de mayo en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes del Gabinete de Seguridad y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin. Este encuentro cobró relevancia tras trascender que el funcionario estadounidense habría planteado la posible entrega de Rocha Moya e Inzunza para enfrentar las investigaciones en su país.
La información fue solicitada el 26 de mayo mediante dos peticiones de acceso a la información dirigidas a la SRE, con el fin de conocer los detalles de las conversaciones entre ambos gobiernos sobre la situación jurídica de los políticos sinaloenses. La Unidad de Transparencia de la Cancillería informó que la petición fue turnada a la Subsecretaría para América del Norte y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que determinaron clasificar la información.
Según la resolución del Comité de Transparencia, los documentos contienen posiciones institucionales, solicitudes de cooperación internacional, estrategias de coordinación, análisis de información y elementos relacionados con la interlocución diplomática. La difusión de este material, añade el documento, podría afectar la imagen de México frente a otros países y comprometer futuros mecanismos de cooperación bilateral.
Esta solicitud de información se presentó luego de que se cumplieran 70 días desde que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, acusó formalmente a Rocha Moya, a Inzunza y a ocho funcionarios estatales por presuntos vínculos con el crimen organizado. Terrance Cole, administrador de la DEA, señaló que “los acusados utilizaron posiciones de confianza para proteger operaciones criminales y facilitar una tubería de drogas mortales hacia Estados Unidos”.
Este caso pone en evidencia la complejidad de las relaciones diplomáticas y la importancia de mantener canales de comunicación confidenciales para preservar la cooperación bilateral, aspecto fundamental para la seguridad y el desarrollo de ambos países.