La controversia en torno al contrato por 307 mil 400 pesos otorgado al influencer Adolfo Lazzari por la Dirección de Convenciones y Parques de Puebla ha escalado tras la reciente declaración de la directora del organismo, Michelle Talavera. En una entrevista, Talavera reconoció que Lazzari fue su pareja sentimental, aunque aseguró que la relación había concluido antes de la firma del contrato, por lo que negó la existencia de un conflicto de interés en la adjudicación del acuerdo.
El contrato, identificado como CP-PS-26-ENE-03, fue firmado para la promoción de los espacios administrados por Convenciones y Parques. Según una investigación periodística, Lazzari publicó seis videos que cumplían con los términos del contrato, aunque se señaló que el costo representaba un posible sobreprecio en comparación con las tarifas que el propio influencer promocionaba para servicios similares.
En respuesta, tanto Lazzari como la dirección del organismo explicaron que el contrato no se limitaba a la producción de videos, sino que incluía la coordinación de una estrategia digital con varios creadores de contenido. Esta estrategia, afirmaron, logró aumentar el alcance en redes sociales y la afluencia a los parques.
No obstante, la negativa de Talavera a revelar la identidad de los demás influencers involucrados ha generado críticas en redes sociales y entre actores políticos, quienes insisten en que, al tratarse de recursos públicos, debe prevalecer la máxima transparencia y rendición de cuentas. La directora argumentó que dicha información corresponde a datos personales y, por ello, no fue divulgada.
Hasta el momento, ninguna autoridad fiscalizadora ha emitido un pronunciamiento que confirme la existencia de un conflicto de interés o irregularidades en la contratación. Sin embargo, el caso ha reavivado el debate sobre los estándares de transparencia que deben observar los servidores públicos, especialmente cuando adjudican contratos a personas con quienes han tenido relaciones personales.
Este episodio subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión y claridad en la gestión pública, para garantizar que los recursos destinados a la promoción cultural y recreativa, como los espacios que administra Convenciones y Parques, se utilicen con responsabilidad y en beneficio de la comunidad poblana.