El alcalde de San Rafael, Veracruz, Gil Armando Méndez Grappin, ha sido señalado por la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec por presuntamente ocultar a su sobrino, Ricardo R. S., acusado del feminicidio de Andrea Maylín Chino Ramos en Yautepec, Morelos.
Según la agrupación, el presidente municipal, quien pertenece al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), también habría protegido en San Rafael a los padres del presunto feminicida, Viola S. y Ricardo R. C., quienes enfrentan cargos por encubrimiento y complicidad.
La denuncia pública se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Facebook de la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, que cuestionó el actuar del alcalde al utilizar su influencia para amparar a un presunto asesino, señalando que “¿Cómo es posible que un servidor público actúe como cómplice de un feminicidio?”.
El pasado 17 de junio de 2026, los padres de Ricardo R. S. fueron detenidos; Viola S. en San Rafael, Veracruz, y Ricardo R. C. en el Estado de México, confirmó Juan Carlos Chino Mauricio, padre de la víctima, mediante redes sociales. La colectiva enfatizó que “proteger a un asesino no es amor de padres, es complicidad”.
El caso de Andrea Maylín Chino Ramos comenzó el 20 de junio de 2025, cuando la joven de 22 años desapareció en Yautepec tras salir con su novio, Ricardo R. S. Este último tardó tres días en informar a la familia que desconocía su paradero. El cuerpo de Andrea fue encontrado el 30 de julio de 2025 en un predio cercano al domicilio de la familia de Ricardo en Yautepec, lo que motivó la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
Desde entonces, Ricardo R. S. permanece prófugo, presuntamente con apoyo de sus padres. La Fiscalía emitió una ficha de búsqueda en septiembre de 2025, pero hasta ahora solo se ha detenido a sus familiares.
La detención de Viola S. y Ricardo R. C. fue posible gracias a la Ley Monse, aprobada primero en Morelos y posteriormente en Veracruz el 28 de octubre de 2025 con 39 votos a favor. Esta legislación elimina la “excusa absolutoria” que permitía a familiares encubrir delitos graves como feminicidio, violación o pederastia bajo la protección de lazos sanguíneos o afectivos.
De acuerdo con Aruzy Unda, vocera del colectivo Las Brujas del Mar, el alcalde Méndez Grappin podría ser objeto de investigación por las autoridades debido a que habría ocultado a sus familiares después de la aprobación de esta reforma.
Este caso pone en evidencia la importancia de la aplicación efectiva de leyes que protejan a las víctimas y sancionen la complicidad, así como la necesidad de que servidores públicos actúen con responsabilidad y ética en la defensa de los derechos civiles y la justicia social.