El 18 de junio de 2026, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación con sede en el Estado de México confirmó por unanimidad la sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta Cisneros, acusado en el polémico caso Cassez. Esta resolución ratifica la libertad del hombre que permaneció casi 20 años en prisión sin sentencia firme, acusado de secuestro y de liderar la banda de ‘Los Zodiaco’.
Israel Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 junto con su entonces pareja, la ciudadana francesa Florence Cassez, en un operativo que fue transmitido en vivo y que posteriormente se reveló como un montaje por parte de las autoridades. La detención y el proceso judicial derivaron en un conflicto diplomático entre México y Francia, que culminó con la liberación de Cassez en 2013 por violaciones a sus derechos humanos.
Tras casi dos décadas de encarcelamiento, Vallarta obtuvo su libertad el 1 de agosto de 2025, cuando una jueza del Estado de México decretó su absolución. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) apeló la decisión argumentando la gravedad del delito y la necesidad de proteger a las víctimas. No obstante, el tribunal colegiado determinó que no existían pruebas suficientes para acreditar la culpabilidad de Vallarta.
Este caso ha sido emblemático por las irregularidades judiciales y la prolongada privación de libertad sin sentencia, lo que ha puesto en evidencia la importancia de un sistema de justicia que garantice los derechos humanos y evite abusos. Además, en 2021, la detención por presunta tortura de exfuncionarios vinculados al caso, como Luis Cárdenas Palomino, exalto mando relacionado con Genaro García Luna, ha profundizado la discusión sobre la corrupción y la impunidad en las instituciones de seguridad.
Al salir de prisión en agosto de 2025, Vallarta afirmó: “Siempre supe que fui inocente y eso fue lo que me mantuvo. La esperanza de que sabía que algún día iba a ser justicia. Que algún día se iba a ir a escuchar no con las mentiras”. Su absolución definitiva este 18 de junio representa un paso importante hacia la reparación de un daño judicial prolongado y un llamado a fortalecer los mecanismos de justicia en México.