La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reasumió este miércoles 17 de junio de 2026 su competencia para estudiar la constitucionalidad de la prohibición absoluta de la eutanasia y el suicidio asistido en las leyes sanitarias mexicanas.
El caso surge a partir de una persona que solicitó la protección de la justicia contra la Ley General de Salud y el Código Penal de la Ciudad de México, debido a que estas normativas impiden el acceso a la eutanasia. La promovente, quien es tanatóloga y ha sido diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama, argumenta que imponer como única forma jurídicamente válida de morir la llamada “muerte natural” vulnera el derecho a la autonomía y al desarrollo de la libre personalidad.
Durante la sesión, el ministro Arístides Guerrero García recordó que países como Países Bajos y Bélgica permiten la eutanasia desde 2002, Canadá desde 2016 y Colombia desde 1997, cuando la Corte Constitucional despenalizó este procedimiento. Sin embargo, aclaró que la aceptación de la facultad de atracción no implica una postura a favor o en contra, sino únicamente la disposición del Máximo Tribunal para debatir el tema.
El ministro Irving Espinosa Betanzo explicó que la promovente ha dedicado su vida a asistir a personas con enfermedades terminales y ahora reclama disposiciones en materia de salud que garanticen un trato digno y cuidados paliativos para pacientes en esa condición. Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía destacó que este caso representa una oportunidad para que la Suprema Corte establezca un criterio novedoso sobre la eutanasia y otros procedimientos de muerte asistida.
La votación para atraer el caso al pleno fue favorable por mayoría, con ocho ministros a favor y una abstención de la ministra María Estela Ríos González. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz aseguró que este tema será de suma importancia para la sociedad mexicana y que, tras la atracción del caso, se procederá a un análisis profundo y al debate correspondiente.
Este avance en la discusión judicial refleja la creciente atención hacia los derechos individuales y la autonomía en decisiones sobre el final de la vida, un asunto que demanda sensibilidad y respeto a la diversidad de opiniones en el país.