La diputada local Nayeli “Nay” Salvatori se pronunció este martes 16 de junio de 2026 para aclarar las críticas recibidas tras su intervención en el caso de Ariana F., la mujer detenida por policías municipales de San Andrés Cholula. Salvatori aseguró que en ningún momento defendió la conducta de la mujer relacionada con el consumo de alcohol al volante, sino que su denuncia se centró en presuntas irregularidades durante la detención.
La legisladora explicó que su posicionamiento se enfocó en analizar el actuar de los elementos de seguridad y no en justificar las acciones de la conductora, en respuesta a la polémica generada por la difusión de videos que se viralizaron en los últimos días.
Durante sus declaraciones, Salvatori también expresó su preocupación por la filtración de los videos captados por cámaras de seguridad y dispositivos oficiales, señalando que es grave que la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, haya declarado desconocer quién fue responsable de dicha filtración. Estos materiales audiovisuales, que muestran la intervención policial, han sido uno de los aspectos más controversiales del caso, al ser difundidos en redes sociales y medios digitales.
Además, la diputada reveló que la mujer involucrada ya presentó una denuncia formal, lo que permitirá a las autoridades investigar los hechos y determinar si existieron irregularidades en la actuación policial. Esta información contrasta con declaraciones previas de autoridades municipales, quienes indicaron no tener conocimiento de una denuncia formal hasta ese momento.
El caso continúa bajo investigación por diversas instancias. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla abrió una queja de oficio contra cinco elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula. Asimismo, el Gobierno estatal ha cuestionado la actuación de la corporación y el cumplimiento de los protocolos de detención.
La controversia, que inició con la difusión de videos de la detención ocurrida en el Parque Intermunicipal de Cholula, ha generado un debate político y jurídico sobre el uso de la fuerza, los derechos de los detenidos y la responsabilidad de las autoridades en el manejo de información sensible obtenida durante operativos policiales.
En este contexto, resulta fundamental que las autoridades garanticen la transparencia y el respeto a los derechos humanos, así como la correcta aplicación de protocolos en los procedimientos policiales, para fortalecer la confianza ciudadana en los cuerpos de seguridad.