Un nuevo conflicto sacude al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio tras la denuncia contra Uriel Paniagua Vargas, subdirector de Servicios Públicos Municipales y cuñado de la presidenta municipal Guadalupe Bárcenas. Habitantes señalaron que el funcionario participó en una agresión física contra un hombre y realizó disparos de arma de fuego durante una riña ocurrida la noche del sábado 6 de junio de 2026.
Según los denunciantes, Paniagua Vargas golpeó a una de las víctimas y posteriormente efectuó detonaciones. Además, acusaron a la Policía Municipal de omisiones en la atención del incidente y denunciaron obstáculos para presentar formalmente la querella ante la Fiscalía General del Estado.
Este caso adquiere una relevancia política significativa, pues sucede pocos días después de que el Cabildo de Acatlán aprobara, el pasado 8 de junio, solicitar al Congreso del Estado la destitución y eventual revocación de mandato de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas.
La administración de Bárcenas enfrenta una de sus etapas más críticas desde el inicio de su gestión. La solicitud del Cabildo se fundamenta en presuntas irregularidades administrativas, falta de transparencia, manejo cuestionable de recursos públicos y acusaciones de nepotismo. Entre las quejas también se incluyen dificultades para acceder a información financiera municipal, denuncias de abusos por parte de funcionarios y cuestionamientos sobre el funcionamiento de diversas áreas del gobierno local.
La denuncia contra un familiar directo de la alcaldesa vuelve a poner bajo escrutinio a la administración municipal. Las víctimas han señalado resistencia para que su denuncia avance y han cuestionado la actuación de las corporaciones policiales.
Aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial del Ayuntamiento respecto a las acusaciones contra Uriel Paniagua Vargas, la relación familiar con la presidenta municipal y su cargo público hacen que el caso sea especialmente delicado. Diversos sectores exigen que la investigación sea atraída y conducida de manera imparcial por autoridades estatales, para evitar cualquier sospecha de protección política.
Por su parte, la alcaldesa Guadalupe Bárcenas ha rechazado las acusaciones en su contra, calificándolas como parte de una campaña de desgaste político impulsada por sus adversarios. Sin embargo, este nuevo escándalo aumenta la presión sobre una administración ya sometida a un escrutinio político sin precedentes en la Mixteca poblana.
Mientras las víctimas buscan formalizar la denuncia y obtener justicia, crecen las exigencias para esclarecer si hubo abuso de poder, encubrimiento institucional o trato preferencial por el parentesco con la alcaldesa.
La principal interrogante que permanece es si las autoridades actuarán con la misma firmeza que aplicarían contra cualquier ciudadano o si el vínculo familiar prevalecerá sobre la ley.
El video relacionado con el incidente puede consultarse en: https://x.com/LaHoraMX/status/2064728371582361677/video/1