mayo 20, 2026

Lo último sobre la desaparición de Blanca Adriana: responsables de la clínica, prófugos

La investigación sobre la desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel continúa avanzando en Puebla, en un caso que ha causado preocupación social y exige respuestas claras de las autoridades. Según información oficial, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla localizó el vehículo Mini Cooper relacionado con el traslado de la víctima, quien fue vista por última vez el 18 de mayo tras acudir a un procedimiento estético en la clínica “Detox”, situada en Calzada Zavaleta.

El hallazgo del automóvil, que fue utilizado para transportar a Blanca Adriana mientras se encontraba inconsciente, representa un avance relevante en las pesquisas. No obstante, la joven no fue encontrada dentro del vehículo y, al cierre de esta edición, permanece en calidad de desaparecida.

En el marco de la investigación, la FGE realizó un cateo en las instalaciones de la clínica “Detox”. El operativo fue efectuado para recabar pruebas y localizar a posibles responsables. Sin embargo, en el lugar no se halló a la presunta doctora Diana Alejandra Palafox Romero, identificada como responsable del establecimiento, ni a su hijo ni a una asistente que laboraba en el consultorio. Los tres, según informó la Fiscalía, ahora son considerados prófugos y se ha intensificado su búsqueda.

Las autoridades han reiterado su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y el respeto pleno a los derechos humanos de las víctimas y sus familias, así como la importancia de que la ciudadanía colabore con información que pueda conducir al paradero de Blanca Adriana y a la localización de los presuntos responsables.

El caso subraya la necesidad de fortalecer la regulación y supervisión de establecimientos de salud y belleza, así como de garantizar procedimientos seguros y profesionales para salvaguardar la integridad de todas las personas. La sociedad exige el esclarecimiento de los hechos y la rendición de cuentas de quienes resulten responsables, en un proceso que debe regirse por la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos civiles.

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