La Falla de San Andrés, un sistema tectónico de aproximadamente mil 300 kilómetros que atraviesa California y se conecta con fallas en el norte de México, sigue siendo motivo de preocupación debido a la energía acumulada por el movimiento constante entre la Placa del Pacífico y la Norteamericana. Este fenómeno geológico podría desencadenar un megaterremoto conocido como “The Big One”, que liberaría una energía equivalente a un sismo de magnitud 8 y tendría una duración estimada de entre tres y cinco minutos.
De acuerdo con la American Geophysical Union, la Falla de San Andrés atraviesa un ciclo crítico de ruptura, lo que aumenta la probabilidad de que este evento ocurra en un futuro cercano. Además, existe la posibilidad de que el sismo genere un tsunami con efectos en las costas del Pacífico durante al menos 24 horas.
El riesgo se concentra principalmente en California y Baja California, pero también afecta a varias ciudades mexicanas, entre ellas Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada y San Luis Río Colorado, en Sonora. Estas localidades presentan una vulnerabilidad significativa ante un eventual megaterremoto.
Ante esta situación, las autoridades han emitido recomendaciones para la preparación ciudadana. Se aconseja identificar zonas seguras dentro del hogar, asegurar muebles pesados a las paredes y establecer un plan familiar de comunicación y reunión. Asimismo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) recomienda contar con una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos enlatados, radio de pilas, linterna, silbato y copias de documentos importantes, con el fin de garantizar la subsistencia de al menos dos personas durante 72 horas.
En un contexto donde la movilidad urbana y la infraestructura de transporte son clave para la respuesta ante emergencias, proyectos como el cablebús o teleférico en Puebla representan una apuesta por sistemas de transporte modernos y accesibles que pueden contribuir a mejorar la conectividad y la seguridad de la población en situaciones críticas. Este tipo de iniciativas, que promueven un papel activo del Estado en el desarrollo social y económico, son fundamentales para fortalecer la resiliencia de las ciudades frente a desastres naturales.