Autor: userelliberal

La Comisión del Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó una medida cautelar en respuesta a una queja presentada por miembros del partido Morena, al considerar que las expresiones emitidas por integrantes del PAN en diversas publicaciones podrían constituir calumnia.

El INE advirtió que asociar a Morena con la palabra “narco” sin un sustento fáctico suficiente implica la imputación de hechos y delitos falsos. Por ello, ordenó al PAN retirar 32 publicaciones, además de siete mensajes del diputado Jorge Romero y tres del Comité Ejecutivo del PAN en Chiapas.

Entre las publicaciones que deben ser retiradas se encuentran fragmentos de entrevistas realizadas a la gobernadora Maru Campos, en las que se acusa al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, de tener vínculos con el narcotráfico, señalamiento que también fue considerado sin fundamento suficiente.

En cuanto a las expresiones de la senadora Lilly Téllez, que también relacionaban a Morena con el crimen organizado, la Comisión determinó que estas manifestaciones están protegidas por su calidad de legisladora y, por tanto, no procedió su retiro.

Por otra parte, el magistrado Reyes Rodríguez señaló que la posibilidad de revisar 1,913 registros sin las cédulas originales representa un fallo contrario a criterios previos del Tribunal, favoreciendo en esta ocasión a Morena.

Este pronunciamiento del INE se da en un contexto político donde la defensa de la verdad y la responsabilidad en el discurso público son fundamentales para fortalecer la democracia y la confianza ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó este lunes 29 de junio su desacuerdo con una publicación del New York Times que asegura que funcionarios de Morena actúan como informantes del Gobierno de Estados Unidos en supuestos casos de corrupción.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum calificó la nota como poco fundamentada y basada en fuentes anónimas. “Fíjense en la nota: ¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice de los mejores del mundo? Básicamente dice: ‘Me dijo una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos’. Esa es la nota”, señaló.

La mandataria subrayó que no cuentan con información que confirme dichas acusaciones y cuestionó la veracidad y el propósito de la publicación. “Primero, no sabemos si es cierto. No tenemos ninguna información de que alguien esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos. ¿Además, informando sobre qué? ¿Cómo vamos a opinar sobre algo de lo que no tenemos conocimiento?”, añadió.

Por su parte, Alfonso Durazo, gobernador de Sinaloa, envió una carta al New York Times para negar que esté bajo investigación por parte de las autoridades estadounidenses, como se mencionó en el reportaje. En la misiva dirigida a Joseph Kahn y A. G. Sulzberger, editor ejecutivo y presidente del diario, respectivamente, Durazo afirmó: “No he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra”.

El reportaje también señala a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, como presunto sujeto de investigación por parte de Estados Unidos. Según el New York Times, al menos una decena de gobernadores y legisladores de Morena estarían considerando colaborar con el Gobierno estadounidense, en el marco de una iniciativa de la Administración de Control de Drogas (DEA).

El diario sostiene que “muchos de estos funcionarios buscan adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos”.

Este tipo de señalamientos, aunque aún sin confirmación oficial, subrayan la complejidad y la tensión que enfrentan las autoridades mexicanas en materia de combate a la corrupción y seguridad, ámbitos en los que la cooperación internacional puede ser un recurso valioso, siempre que se maneje con transparencia y respeto a la soberanía nacional.

La difusión de videos en los que Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, aparece presuntamente agrediendo a su esposa ha reavivado un momento ocurrido meses atrás, cuando Claudia Sheinbaum lo presentó públicamente como uno de sus colaboradores más cercanos.

En 2024, durante una conferencia en la que anunció el nombramiento de Rodríguez Padilla al frente de Pemex, Sheinbaum destacó la relación académica que mantenían desde hace años. “Fuimos compañeros de la facultad, compañeros de la maestría; hicimos juntos un libro sobre energía”, afirmó entonces la ahora presidenta, resaltando la cercanía profesional con el especialista.

Sin embargo, este lunes 29 de junio de 2026, al ser cuestionada sobre el caso, Sheinbaum modificó su postura y aseguró que no protegerá a nadie. En esta ocasión, calificó a Rodríguez Padilla únicamente como un conocido y señaló que, de acreditarse la comisión de algún delito, deberá aplicarse “todo el peso de la ley”. Además, confirmó que el nombramiento que se había mencionado para que Rodríguez Padilla encabezara el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) nunca llegó a formalizarse.

La diferencia entre ambas declaraciones generó una ola de comentarios en redes sociales, especialmente en X, donde cientos de usuarios compartieron el video de la presentación original para contrastarlo con las declaraciones recientes.

El caso cobró relevancia después de que María Felicia Jiménez, esposa de Rodríguez Padilla, hiciera públicos videos de cámaras de seguridad que muestran una presunta agresión física ocurrida en marzo de este año. La denuncia ya es investigada por la Fiscalía de Morelos, mientras que la Secretaría de las Mujeres informó que brinda acompañamiento a la víctima.

Por su parte, Víctor Rodríguez Padilla anunció que se separó de cualquier cargo público para enfrentar el proceso como ciudadano y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades, al tiempo que pidió respeto para su familia.

Este episodio pone en evidencia la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio público, así como la necesidad de que las autoridades actúen con firmeza ante casos de violencia familiar, un problema que requiere atención y compromiso social.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desmintió categóricamente que suspenderá miles de pensiones en julio de 2026, como se difundió recientemente en redes sociales. La institución reiteró que el certificado de supervivencia ya no es un requisito obligatorio para todos los pensionados durante este año, siempre y cuando sus datos personales estén actualizados en la base de datos del instituto.

Esta aclaración se dio a conocer ante la circulación de información errónea que señalaba que la falta de presentación del certificado podría derivar en la suspensión temporal o definitiva de los pagos mensuales de la pensión. El IMSS enfatizó que esta versión es falsa, lo que brinda tranquilidad a los pensionados que temían no recibir su pago correspondiente en julio de 2026.

Para quienes tengan sus datos actualizados, el trámite del certificado de supervivencia queda eliminado, facilitando así el acceso a las pensiones sin necesidad de realizar gestiones presenciales. Los beneficiarios pueden verificar si están exentos de este requisito consultando su último talón de pago, donde se indicará si el trámite es necesario. No obstante, el IMSS puntualizó que los pensionados que residen fuera de México deben continuar realizando este trámite en las oficinas consulares mexicanas.

Respecto al pago de la pensión, el calendario oficial del IMSS establece que el depósito correspondiente a julio de 2026 se realizará el miércoles 1 de julio, primer día hábil del mes. A partir de esa fecha, los pensionados podrán disponer de su dinero mediante transferencia bancaria o directamente en ventanilla, según la modalidad de cobro que hayan elegido.

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios planificar con anticipación su visita a las sucursales bancarias, dado que en los primeros días de cada mes se registra una alta afluencia de personas para retirar sus pensiones.

Este tipo de medidas, que simplifican los trámites y garantizan la continuidad en el pago de las pensiones, son un paso importante para fortalecer la seguridad social y el bienestar de los adultos mayores en México.