El fallecimiento del maestro Alberto Israel Jasso Cruz, docente del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS), ocurrido el jueves 23 de julio de 2026, ha generado una profunda reflexión sobre la presunción de inocencia, la eficacia de los protocolos ante denuncias por presuntos delitos sexuales y la atención a la salud mental de las partes involucradas en estos procesos.
El profesor Jasso Cruz, con 25 años de trayectoria en el IEMS y cerca de una década en preparatorias del Estado de México, se quitó la vida tras enfrentar una denuncia por presuntos tocamientos indebidos presentada el 14 de julio por una alumna identificada como Ramírez Maya Estrella Jocelin. Según el docente, la acusación se originó luego de que despertara a la estudiante, quien se había quedado dormida durante un curso intersemestral, hecho que aseguró fue malinterpretado.
Horas antes de su muerte, el maestro difundió un video y un documento en los que rechazó categóricamente las acusaciones en su contra. En su mensaje, explicó que su decisión fue consecuencia del severo impacto personal, profesional y jurídico que le ocasionó el proceso legal. Asimismo, cuestionó el actuar del sistema judicial y el trato hacia los señalados, señalando que la presunción de inocencia queda anulada en la práctica, lo que deja a los hombres en una situación de indefensión.
“Quiero dejar claro que la decisión que tomo no es porque sea culpable, sino todo lo contrario. Quiero que se entienda como un acto de rebeldía, un sacrificio, para que mejoren el sistema de justicia y se respete la presunción de inocencia”, expresó el maestro en su despedida. Además, dirigió una advertencia a sus colegas docentes para que mantengan distancia profesional con sus estudiantes, evitando crear lazos que puedan poner en riesgo su integridad laboral y personal.
Tras confirmarse el fallecimiento, trabajadores e integrantes del plantel Azcapotzalco emitieron un pronunciamiento para manifestar su consternación y demandar una revisión exhaustiva de los mecanismos institucionales. Señalaron que el profesor enfrentaba simultáneamente un proceso administrativo interno y una investigación ministerial, situación que lo colocó en un estado de vulnerabilidad.
La comunidad del IEMS solicitó evaluar la atención en salud mental y ajustar los protocolos de actuación para garantizar tanto la protección oportuna de posibles víctimas como el respeto irrestricto al debido proceso.
Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han emitido una resolución pública respecto a la denuncia penal ni sobre las carpetas de investigación relacionadas con el caso.
Este episodio pone en evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de justicia y los mecanismos institucionales para proteger los derechos de todas las partes involucradas, evitando daños irreparables y promoviendo un ambiente de respeto y equidad.