El pasado lunes, Ismael El Mayo Zambada fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, donde además se le ordenó entregar 15 mil millones de dólares como parte de su sentencia. Ante esta resolución, México anunció que buscará obtener una parte de los bienes que le sean decomisados al narcotraficante, fundador del Cártel de Sinaloa.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) revisará la posibilidad de solicitar a las autoridades estadounidenses una porción de los activos localizados y asegurados. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que el proceso será complejo y urgente.
David Saucedo, especialista en seguridad, explicó que México enfrenta una carrera contra el tiempo para identificar propiedades, empresas y cuentas bancarias vinculadas a Zambada antes de que Estados Unidos congele o reclame esos activos. Señaló que, hasta ahora, no existe en México una carpeta de investigación que demuestre con claridad la propiedad de bienes específicos por parte del narcotraficante.
El especialista añadió que el Gobierno mexicano puede iniciar procesos de extinción de dominio e incautación sobre los bienes localizados en el país, pero si el Departamento del Tesoro estadounidense actúa primero, las posibilidades de recuperación se reducirían considerablemente.
Según estimaciones citadas por Saucedo, la fortuna de El Mayo Zambada podría alcanzar los 50 mil millones de dólares, por lo que la cantidad ordenada por la corte estadounidense representa aproximadamente una tercera parte de sus activos.
Este esfuerzo de recuperación de bienes no es nuevo para México. En años recientes, el gobierno ha emprendido acciones similares contra otros personajes vinculados al crimen organizado y la corrupción. Por ejemplo, en tribunales de Florida se obtuvieron sentencias civiles por más de 3 mil millones de dólares contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, su esposa y empresarios relacionados, aunque la recuperación efectiva ha sido limitada.
Asimismo, en 2019 México anunció que buscaría reclamar parte de los 12 mil 600 millones de dólares que una corte estadounidense ordenó decomisar a Joaquín El Chapo Guzmán. A pesar de que se planteó la creación de una comisión binacional para localizar y repartir esos bienes, hasta la fecha no se ha informado que México haya recibido recursos derivados de esa orden.
En cuanto a la posibilidad de entrevistar a Zambada, la presidenta Sheinbaum señaló que corresponderá a la FGR determinar si resulta conveniente obtener información directa sobre las circunstancias que lo llevaron a Estados Unidos.
Respecto a las declaraciones del narcotraficante tras su sentencia, en las que afirmó que “la violencia debe acabar en México. Nadie ganará esta guerra”, la mandataria se limitó a señalar que, viniendo de quien vienen, es difícil citarlas, pero destacó que el gobierno trabaja en atender las causas que alejan a los jóvenes de la delincuencia.
Este contexto subraya la importancia de fortalecer mecanismos de justicia y recuperación de activos, así como de impulsar políticas públicas que combatan las raíces de la violencia y la criminalidad en el país.