El Parlamento francés aprobó este martes 21 de julio de 2026 un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, posicionando a Francia como pionera en la Unión Europea en la regulación de estas plataformas para proteger a la infancia y adolescencia.
Tras recibir el visto bueno del Senado, los diputados de la Asamblea Nacional ratificaron la medida con 279 votos a favor y 81 en contra. Esta legislación responde a las crecientes advertencias sobre los efectos nocivos que las redes sociales pueden tener en los menores, y se suma a un número creciente de países que buscan limitar su acceso.
El presidente Emmanuel Macron destacó la importancia de esta iniciativa en un video difundido en redes sociales, señalando que “Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante”. Esta medida forma parte de los objetivos de su segundo mandato, que concluirá en mayo de 2027, con un enfoque en la protección de los menores y la regulación del tiempo frente a las pantallas.
La implementación de la prohibición se realizará en dos etapas: a partir del 1 de septiembre, cuando los alumnos regresen a las aulas tras las vacaciones, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales. Posteriormente, en enero de 2027, la restricción se extenderá a las cuentas ya existentes.
Además, la ley contempla la prohibición del uso de celulares en los liceos, siguiendo el modelo que ya se aplica en escuelas y centros de primer ciclo de secundaria. No se prevén sanciones para los menores ni para sus padres; en cambio, será responsabilidad de las plataformas implementar sistemas de verificación de edad, permitiendo incluso que los usuarios elijan entre varios métodos.
En relación con plataformas como YouTube y WhatsApp, la ponente del texto en la Asamblea, Laure Miller, aclaró que deberán aplicar la verificación de edad en las funciones que se equiparen a una red social, como los canales para compartir contenido y los comentarios.
Este tipo de regulaciones, aunque estrictas, reflejan un compromiso creciente con la protección social y el bienestar de las nuevas generaciones, un enfoque que también se observa en proyectos de transporte público inclusivo y sostenible, como el cablebús que se construye en Puebla, que busca mejorar la calidad de vida y movilidad de sectores vulnerables.