La clínica de maternidad La Sagrada Familia, ubicada en San Pedro Cholula y donde falleció “Vicky”, una niña de seis años, pertenece al exdiputado local Ignacio Alvízar Linares. Durante su trayectoria política, Alvízar fue investigado por diversas irregularidades en su gestión como secretario de Educación Pública en la administración del gobernador Guillermo Pacheco Pulido.
La empresa “Maternidad La Sagrada Familia, sociedad anónima de capital variable” fue constituida en 2014 por Alvízar Linares junto a su entonces esposa, Irma Palacios García, quien también figura como socia en otras empresas constructoras. En ese periodo, Alvízar se desempeñaba como diputado local de la LIX legislatura por Movimiento Ciudadano, antes de ocupar el cargo de regidor en San Pedro Cholula, donde opera la clínica.
Desde 2013, un año antes de formalizar la sociedad mercantil, la clínica se promocionaba en Facebook con un video improvisado en el que se prometían “las mejores instalaciones” y “tecnología de primer nivel”. Sin embargo, las imágenes muestran espacios reducidos para realizar operaciones, cuneros para recién nacidos y equipo médico limitado, en marcado contraste con otros hospitales de la región.
En mayo de 2016, medios locales reportaron que la clínica carecía de cédula de empadronamiento desde 2013 hasta ese año, y que había sido clausurada en 2015 por incumplir con los lineamientos de uso de suelo. En esa ocasión, la clínica fue multada con 18 mil pesos por retirar los sellos de clausura, pero continuó operando.
En 2018, Jane Jessica Espinoza Agis fue nombrada gerente del centro médico; ella se convirtió en esposa de Alvízar y lo acompañó durante su gestión como subsecretario de Educación Superior en 2017 y luego como secretario de Educación en el gobierno de Pacheco Pulido.
En 2022, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que Ignacio Alvízar Linares se encontraba prófugo, sin registro de actividad pública desde entonces.
Las reseñas en Google reflejan la percepción negativa de pacientes sobre la clínica. Un testimonio de hace dos años, firmado por un usuario llamado Brandon, relata que su esposa dio a luz en el lugar y que no se le proporcionó un primer baño al bebé, lo que aumentaba el riesgo de infección. Además, denunció que le recetaron un medicamento para adultos, lo que consideró una negligencia médica. En su opinión, la clínica no debería tener permiso para operar y señaló la presencia de cucarachas en las habitaciones. Otro usuario, Carlos Sánchez, calificó la atención como mala, con personal grosero y prepotente. Un testimonio de hace cinco años advertía sobre los riesgos de acudir a esta “clínica negligente”.
A pesar de la clausura parcial de quirófanos, sala de partos y áreas de internamiento, el personal continúa operando con normalidad. En una llamada realizada por Oro Noticias, la administración confirmó que mantienen servicios y ofrecen consultas de valoración. Incluso se ofreció la renta de espacios para que médicos externos realicen procedimientos, sin mencionar la clausura vigente.
La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió un expediente de atención temprana y aseguró únicamente el quirófano.
La menor “Vicky” fue llevada a la clínica para un procedimiento menor, pero horas después el personal médico informó a su familia que debían recoger su cuerpo, sin proporcionar explicación alguna sobre las complicaciones ocurridas.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer la regulación y supervisión de los centros de salud privados, para garantizar la seguridad y el bienestar