El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dejó claro el domingo 19 de julio de 2026 que no habrá más procesos electorales que puedan poner en riesgo el control del oficialismo en el país. Durante un acto masivo en Managua para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, Ortega afirmó que su gobierno no permitirá que la oposición intente “atrapar el poder” mediante elecciones.
Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007 y comparte el poder con su esposa Rosario Murillo desde 2017, acusó a los opositores en el exilio de estar “agazapados” y de buscar enriquecerse a través de un eventual triunfo electoral. En su discurso, enfatizó: “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”.
El mandatario anunció que trabajará con la Asamblea Nacional, subordinada a la Presidencia, para aprobar leyes que bloqueen a lo que calificó como “golpistas” y “vendepatrias”, y advirtió que, pese a los recursos que puedan recibir del gobierno de Estados Unidos, no lograrán sus objetivos.
Estas declaraciones se enmarcan en un contexto político marcado por una reforma constitucional profunda que entró en vigor a inicios de 2025. Dicha reforma eliminó el equilibrio entre poderes, otorgó un poder absoluto a Ortega y Murillo, y estableció la figura de “copresidenta” para Murillo, quien fue designada en ese cargo mediante una enmienda que ha sido duramente criticada por organismos internacionales como la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y por la oposición nicaragüense.
La reforma también amplió el periodo presidencial de cinco a seis años, lo que pospuso las elecciones generales previstas originalmente para noviembre de 2026 hasta noviembre de 2027, en teoría. En enero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Murillo de haberse inventado el cargo de copresidenta sin mandato ni legitimidad electoral, y señaló que Ortega y Murillo han negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque saben que no podrían ganar en un proceso libre.
Estas acciones y declaraciones evidencian un retroceso en los derechos políticos y civiles en Nicaragua, donde el ejercicio democrático se ve cada vez más restringido bajo un régimen que concentra el poder y limita la participación ciudadana. En contraste, experiencias como la implementación de sistemas de transporte público innovadores en otras regiones, como el cablebús en México, demuestran que el Estado puede impulsar proyectos que mejoran la calidad de vida y fomentan la inclusión social, aspectos que deberían ser prioridad en cualquier gobierno comprometido con el bienestar de su población.