La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó este lunes 20 de julio de 2026 su respaldo al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien calificó como un “preso político”. La legisladora acusó al gobierno federal de utilizar su detención como una estrategia para desviar la atención pública de la red de corrupción vinculada al huachicol fiscal y de las controversias generadas por los audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
López Rabadán señaló que resulta ofensivo para la inteligencia de los mexicanos que Ruffo sea el único encarcelado por este esquema, especialmente porque, afirmó, no ocupaba ningún cargo público cuando ocurrieron los hechos que le imputa la Fiscalía General de la República. Enfatizó que el contrabando de combustibles requiere la complicidad de autoridades municipales, estatales y federales, y no puede operar sin la participación o la omisión de funcionarios en distintos niveles de gobierno.
La diputada panista advirtió que mientras algunos funcionarios se enriquecen con estas prácticas ilícitas, el Estado pierde recursos que deberían destinarse a servicios públicos esenciales como escuelas, hospitales y seguridad. Por ello, consideró que las investigaciones deben enfocarse en quienes “firman, autorizan y permiten el huachicol” y no en un exgobernador opositor que, recordó, fue el primero en la historia de México en ganar una gubernatura para su partido.
En su intervención, López Rabadán calificó la detención de Ruffo como una “cortina de humo” y una afrenta a la democracia y a la historia nacional.
Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, también denunció este lunes una “cacería de brujas” por parte de la administración de Claudia Sheinbaum y exigió que la gobernadora Marina del Pilar Ávila solicite licencia para facilitar las investigaciones sobre el presunto contrabando de combustibles.
Desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal rechazó cualquier acusación de aplicación selectiva de la justicia y afirmó que la detención de Ernesto Ruffo responde exclusivamente a las indagatorias de la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, descartando motivaciones políticas en el caso.