Este viernes 17 de julio de 2026, la columna “Rocha se quiere entregar”, publicada en El Heraldo de México, plantea que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, estaría dispuesto a entregarse voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar las acusaciones en su contra. Sin embargo, según el texto firmado por Manuel López San Martín, esta posibilidad habría sido frenada por Morena y el Gobierno federal.
La columna sostiene que Rocha Moya considera que comparecer ante la justicia estadounidense le permitiría defenderse directamente de las imputaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. No obstante, se afirma que desde el oficialismo existe interés en impedir esa decisión, debido a que el exmandatario podría revelar información comprometedora para integrantes del movimiento gobernante.
Este escenario se desarrolla en medio de una crisis política y diplomática que se intensificó tras la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por supuestos nexos con el narcotráfico. En respuesta, el exgobernador solicitó licencia para enfrentar las investigaciones, mientras el Gobierno de México ha exigido a Estados Unidos presentar pruebas concretas antes de considerar cualquier proceso de extradición.
En días recientes también circularon versiones sobre un supuesto operativo para detener a Rocha Moya en Culiacán, las cuales fueron desmentidas por el Gabinete de Seguridad federal.
Es importante destacar que la afirmación de que Rocha Moya “quiere entregarse” proviene de fuentes no oficiales y no ha sido confirmada por el propio exgobernador ni por autoridades. Tampoco Morena ni el Gobierno federal han emitido respuesta alguna respecto a la supuesta intención de impedir una entrega voluntaria.
Este caso continúa siendo uno de los temas políticos más relevantes en México, donde la exigencia de evidencias formales a Estados Unidos permanece como postura oficial para avanzar en cualquier procedimiento legal. En este contexto, la transparencia y el respeto al debido proceso son fundamentales para garantizar justicia y fortalecer la confianza en las instituciones.