El pasado 20 de abril, el rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla (UPMP), Raymundo Atanacio Luna, firmó un convenio de colaboración con la asociación civil ITEBIO A.C., representada por Rafael Zabalza, con el propósito de impulsar proyectos académicos, científicos, tecnológicos y culturales. La universidad difundió este acuerdo como una estrategia para fortalecer la vinculación institucional mediante actividades de investigación, capacitación y desarrollo.
No obstante, el convenio ha cobrado relevancia nuevamente tras la detención de Rafael Z., señalado por las autoridades como presunto responsable de ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl. Aunque la Fiscalía no ha confirmado si el representante de ITEBIO A.C. y el detenido son la misma persona, diversos reportes periodísticos los vinculan.
Además, se ha señalado que Rafael Z. fue durante años un proveedor importante de medicamentos y equipo médico para el Gobierno de Puebla en las administraciones de Melquiades Morales y Mario Marín, un dato que añade complejidad al contexto del caso.
En el momento de la firma del convenio no existía una investigación pública en contra de Rafael Z., pero los hechos recientes abren un debate sobre los mecanismos con los que cuentan las instituciones públicas para revisar la vigencia de sus convenios cuando alguno de sus firmantes enfrenta investigaciones por delitos de alto impacto.
Hasta hoy, la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla no ha emitido un posicionamiento oficial respecto al convenio ni ha informado si éste continuará vigente o será revisado a la luz de los acontecimientos.
Este caso también pone sobre la mesa la necesidad de establecer protocolos claros para evaluar la continuidad o suspensión de convenios institucionales, con el fin de preservar la confianza pública y el prestigio de las instituciones, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
En un contexto donde la transparencia y la responsabilidad social son fundamentales, resulta indispensable que las universidades y demás organismos públicos refuercen sus mecanismos de supervisión para evitar que situaciones como esta afecten su credibilidad y el desarrollo de proyectos que benefician a la sociedad.