La salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República (FGR) no fue una renuncia voluntaria, sino un cese ordenado desde el Ejecutivo tras descubrirse que fungía como informante de agencias estadounidenses desde hace al menos seis años, según reveló el periodista Raymundo Riva Palacio.
Lara López, quien llegó en enero de 2026 a la FGR como encargado de despacho y fiscal especial para Asuntos Relevantes, además de ser vocero de la institución, anunció su renuncia el martes 14 de julio por “motivos personales”. Sin embargo, un operativo de contrainteligencia iniciado tras su llegada detectó un “oscuro pasado” que incluía extorsiones, vínculos con huachicoleros y, lo más grave, la entrega de información estratégica a Estados Unidos.
El detonante para su cese fue la liberación de José Antonio Cortés, alias “El Titán”, líder del Cártel del Noreste, dedicada al lavado de dinero y contrabando de combustible. Las investigaciones, realizadas sin conocimiento de la fiscal Ernestina Godoy, revelaron que Lara había pactado con figuras vinculadas al contrabando fiscal, como Raúl Rocha Cantú, codueño del certamen Miss Universo y presunto traficante de combustible y armas desde Guatemala, donde fungía como cónsul honorario.
De acuerdo con reportes estadounidenses citados por Riva Palacio, esta red de huachicol fiscal estaría vinculada con el senador Adán Augusto López y con Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, Lara habría utilizado su posición para extorsionar a la familia Lozoya y a cercanos del empresario Alonso Ancira. Esta situación habría motivado la detención, hace dos semanas, de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, por presunto lavado de dinero en el caso Agronitrogenados. La FGR también reactivó recientemente el proceso penal contra Ancira, quien aún debe más de 112 millones de dólares a Pemex por reparación del daño.
Riva Palacio concluye que, en la actual administración, la corrupción no se castiga ni se investiga adecuadamente, pero sí se sanciona la confianza con despidos, como ocurrió con Lara, cuyo caso ha generado una crisis interna en la Fiscalía.
Este episodio pone en evidencia la complejidad y los retos que enfrenta el sistema de justicia en México, donde la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para fortalecer la confianza ciudadana y avanzar en la lucha contra la corrupción.