El martes 14 de julio de 2026, durante la tarde, se registró un tiroteo en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ubicadas sobre la avenida North Central, en Phoenix. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) inició una investigación formal a través de su oficina de campo en dicha ciudad para esclarecer los hechos.
Según el reporte oficial del FBI, una o varias personas no identificadas accionaron armas de fuego contra el edificio de Operaciones de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés), disparando múltiples rondas que impactaron en diferentes partes de la estructura exterior. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas durante el incidente.
La agencia federal informó que, debido a que la investigación se encuentra activa y en curso, no se proporcionarán más detalles ni actualizaciones por el momento.
Este ataque ocurre en un contexto de alta polarización nacional, derivado del aumento significativo en los arrestos realizados por ICE desde finales del mes pasado. Estos operativos han resultado en la muerte de varios migrantes, lo que ha generado una creciente indignación pública.
En días recientes, agentes federales abatieron a tiros a Lorenzo Salgado Araujo en Texas y a Johan Sebastián Guerrero, un joven colombiano, en Maine. Además, otro migrante falleció atropellado en Florida mientras intentaba escapar de las autoridades, elevando a 11 el número de personas muertas a manos de oficiales de inmigración en lo que va del año.
Estas muertes han provocado una ola de protestas encabezadas por organizaciones defensoras de los derechos civiles, que exigen justicia y rendición de cuentas.
El clima de tensión se intensificó aún más tras un mensaje emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que instó a los agentes de ICE a continuar con las intercepciones de tráfico, desafiando una orden de suspensión temporal emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ante el creciente escrutinio público.
Este episodio pone en evidencia la complejidad y la urgencia de abordar con responsabilidad y respeto a los derechos humanos las políticas migratorias y los métodos de aplicación, en un momento en que la sociedad demanda mayor transparencia y justicia.