El diputado local Elpidio Díaz Escobar, integrante del partido Fuerza por México y miembro del Congreso de Puebla, expresó este viernes 15 de mayo de 2026 su postura a favor de aumentar las tarifas del transporte público y retirar los descuentos a estudiantes. La declaración fue realizada previo a la sesión pública ordinaria del Congreso.
Díaz Escobar argumentó que el incremento en costos de insumos, como el diésel, así como el alza en infracciones y trámites administrativos, han afectado la rentabilidad de los concesionarios del transporte público. Según el legislador, mantener los descuentos para estudiantes agrava la situación financiera de los transportistas.
El diputado recordó que en años anteriores el gobierno de Puebla otorgaba subsidios al sector del transporte público, medida que ya no está vigente. Ante este contexto, propuso que se autorice un aumento del costo del pasaje, sugiriendo que podría incrementarse entre un peso y un peso con cincuenta centavos.
Respecto a los estudiantes, Díaz Escobar señaló que no considera necesario mantener una tarifa preferencial para este sector. Fundamentó su posición en el hecho de que actualmente los estudiantes reciben apoyos económicos federales y tienen a su disposición alternativas como la Red Urbana de Transporte Público (RUTA), la cual ofrece una tarifa menor a la de los concesionarios tradicionales.
El diputado enfatizó que únicamente las personas con discapacidad y los adultos mayores deberían contar con promociones en el pasaje del transporte público. Considera que los estudiantes, debido a los apoyos existentes, no requieren descuentos adicionales.
En relación con los reportes sobre unidades de transporte público en mal estado que aprobaron la revista vehicular, Díaz Escobar explicó que estos vehículos continúan en circulación porque cumplen con el requisito de antigüedad máxima de diez años, establecido por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) para aprobar la revista vehicular.
La postura del diputado reabre el debate sobre la política de tarifas preferenciales en el transporte público y la participación del Estado en garantizar la movilidad accesible para los distintos sectores de la población.